por Alef Pérez
En los siglos XIX y XX, las autoridades mexicanas intentaron incorporar a los indígenas a la sociedad, usaron la idea de mestizaje para justificar la existencia de una unidad nacional bajo tal estandarte integrador. Sin embargo, el planteamiento omitió la pluralidad étnica, lingüística y cultural de las comunidades originarias en todo el país.
En un nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creó el convenio 169 para los derechos de los pueblos indígenas y tribales. En buena medida, el documento buscó darles un cobijo jurídico a las comunidades originarias de todo el mundo. En 1989, México fue la segunda nación en firmar el documento, esto significó un primer paso en el reconocimiento legal de la diversidad dentro de la nación.
De forma oficial, en 1992, la Constitución tuvo modificaciones para dar los primeros pasos en reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho (Iturralde, 2021: 287). Tal acto resultó ser un paso importante, faltó una serie de elementos por el lado institucional, por ejemplo, leyes secundarias e instancias para hacer respetar los marcos legales. En buena medida, en sus primeros años, los avances quedaron congelados.
Por la incapacidad del gobierno, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) irrumpió de forma armada en el escenario y, en parte, buscó el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Para calmar la situación y negociar, el Poder Legislativo creó la Comisión de Conciliación y Pacificación (COCOPA). Tras una serie de complicadas platicas, en 1996, el régimen resultó obligado a firmar los Tratados de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, que marcaron el compromiso de profundizar el reconocimiento de la nación como multicultural y evitar la discriminación de sus pobladores originales.
El régimen priísta no avanzó en sus compromisos con los pueblos indígenas, a regañadientes, Vicente Fox, primer presidente de la transición y del PAN, terminó por aceptar las reformas constitucionales del 2001. Estas ampliaron los derechos de las comunidades originarias. En cuanto a la tierra, obtuvieron herramientas para defender su posesión. Frente las instituciones, lograron tener canales de comunicación adecuados, como son los intérpretes a sus lenguas. En concreto, la discriminación ha continuado y la aplicación de la legislación es a medias.
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