La
posesión de la tierra a comenzar los años veinte casi no había cambiado, la
mayor parte de las parcelas les pertenecían a los hacendados como en tiempos
del porfiriato. No obstante, resultó fundamental el reparto agrario, en general
se trataba de un medio de control político, sin embargo, también fue una forma
de justicia social, la cual cambiaba la estructura económica del campo. Los
ejidos no se podían hipotecar, vender o rentar, esto con la idea de evitar que
se realizara una nueva concentración de las tierras. La mayoría de los repartos
resultaban insignificantes en aquel momento, con excepción de los del estado de
Morelos, ahí, los zapatistas obtuvieron las tierras por las que lucharon toda
la década anterior. En otras regiones, localizaron estratégicamente la mayoría
de los ejidos en zonas cercanas a los ferrocarriles, con el objetivo de tener
un aliado leal al gobierno en caso de rebelión militar en las rutas de
comunicación y de abastecimiento para los ejércitos.
A
comienzos de los años veinte, el gobierno buscó ampliar la modesta
infraestructura de riego existente en el país, esto beneficiaría en primer
lugar a los grandes hacendados del norte. Para 1926, creaba la Comisión
Nacional de Irrigación, comenzó a trabajar de forma muy intensa de inmediato,
buscando materiales y asesores en Estados Unidos. En 1927, siete presas nuevas estaban
en funcionamiento, las cuales funcionaron para dotar de agua todo el año a casi
docientas mil hectáreas. Existieron grandes fracasos como la presa Guatimapé,
en Durango, incapaz de funcionar por sus errores de diseño y lo barato de sus
materiales, esta como otras obras fueron concesionadas a privados para su
construcción (Aguilar, 1995: 119). No
resultaba prudente dejar la infraestructura hidráulica a los empresarios, así
el Estado fue tomando en sus manos la construcción de estas obras, que derivó
en un constante progreso del campo mexicano. La intervención del Estado también
llegó a la esfera del crédito agrícola, básicamente con dos instituciones
fundamentales: el Banco Nacional Agrícola y el Ejidal, se encargaron de apoyar
a los agricultores en la compra de maquinaria y otros insumos para la
producción.
Al
comenzar los años treinta, la disminución en el consumo por la Gran Depresión,
sumado a una sequía en el campo volvieron paupérrimas las condiciones de vida
de los campesinos. El radicalismo no se hizo esperar, Lázaro Cárdenas los
escuchó y emprendió el reparto agrario más ambicioso de la historia de México,
con tierras de muy buena calidad como las algodoneras de la Comarca Lagunera.
Los hacendados se convirtieron en una minoría, mientras que los ejidatarios
crecieron exponencialmente en número (Aboites, 2010: 632). Las tierras que
antes eran para productos de exportación pasaron a ser para el consumo directo
de los ejidatarios, los cuales mejoraron sus condiciones de vida.
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